CDMX 16 de febrero 2022. Con respecto al polémico caso de VisitMexico se dio a conocer, mediante boletín de prensa, que la resolución dictada por Magistrados integrantes de una sala civil de la CDMX, resolvieron que la demanda mercantil interpuesta por Juan Sergio Loredo Foyo y su empresa TECNOCEN, carecía de total sustento, y que él mismo no pudo aportar una sola prueba que sustentará sus pretensiones y acciones donde demandaban una supuesta falta de pago por parte de la empresa Braintivity que que derivaría en el hackeo al portal VisitMexico
El comunicado señala que ya han pasado más de 18 meses desde que Braintivity inició las acciones legales para litigar ante las autoridades competentes los diversos actos delictivos realizados por la empresa TECNOCEN y su dueño Juan Sergio Loredo Foyo a partir del hackeo al portal VisitMéxico.
Detalla que un año y medio después, el saldo de las acciones es el siguiente:
1) La demanda mercantil interpuesta por TECNOCEN en contra de Braintivity ha sido resuelta por unanimidad de tres Magistrados de una sala civil de la CDMX, al no haber aportado una sola prueba que convalidara su pretensión de cobro, se decidió absolver a Braintivity de cualquier pago o indemnización por algún tipo de incumplimiento.
2) La demanda interpuesta por la moral Braintivity en el Estado de Quintana Roo, en contra de Sergio “N”, dueño de TECNOCEN y otros, quien ha sido vinculado a proceso. Ello con la obligación de cumplir diversas medidas cautelares (brazalete, firmar cada mes y visitas periódicas a cargo de personal de la unidad de medidas cautelares en esta entidad federativa) y el proceso está en espera de que la Fiscalía del estado de Quintana Roo, emita de acuerdo a sus obligaciones procesales la formulación de acusación respectiva.
3) El resto de los procesos judiciales abiertos por Braintivity en contra del mismo actor y otros, siguen su curso legal por lo que no se pueden dar más datos de los mismos por la secrecía del caso.
Sobre el punto dos, es importante extendernos para entender la realidad que se vive en el Estado de Quintana Roo, en donde la procuración de justicia, día a día se ve trastocada por hechos de aparente corrupción que sufren las víctimas al denunciar. El caso de Braintivity en el Estado es un claro ejemplo en donde los funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se alinean a los intereses de los imputados.
Por mencionar algunas irregularidades:
1) En su primera detención, 10 minutos antes de la audiencia inicial cambiaron al agente del ministerio publico que había integrado la carpeta y formulado la acusación por un nuevo agente sin conocimiento alguno del caso.
2) En 48 horas fue liberado y “no vinculado” a proceso. Resolución que tuvo que ser apelada y revocada por un magistrado de Quintana Roo, vinculándolo nuevamente a proceso por si encontrara los elementos suficientes para dicha resolución.
3) Durante este proceso ha habido 4 distintos agentes del ministerio público, lo que ha retrasado la impartición de justicia derivado de las acciones y omisiones en su actuar como son:
a) Inasistencias a las audiencias.
b) Aprobar lo solicitado por la defensa en lugar de cuidar a la víctima.
c) Llamar mentirosos a Braintivity aduciendo que el tema era un asunto mercantil en la CDMX (argumentos de la defensa).
d) E incluso, llegando al extremo de aprobar el sobreseimiento del juicio en conjunto con la defensa, acción que al mismo juez le pareció extraña.
Tales son las irregularidades que al día de hoy la principal responsabilidad del Agente del Ministerio Público es formular la acusación para poder proceder al juicio, misma que no se ha llevado a cabo pese a haber concluido la etapa de investigación.
Hoy en día, retomando el tema mercantil (único argumento y prueba de la defensa) se ha emitido una resolución por unanimidad de los magistrados integrantes de una sala civil de la CDMX, en la que se resolvió que TECNOCEN no pudo acreditar sus pretensiones con las cuales pretendían encubrir sus acciones delictivas porque, según consta en la resolución, los magistrados no pudieron encontrar una sola prueba que sustentara su demanda.
Esto último contraviene los dichos del ministerio público encargado del caso de extorsión y deja en claro que nunca se trató de un asunto mercantil y que lo promovido por Braintivity en contra de Juan Sergio Loredo Foyo y otros en Quintana Roo tiene sustento para continuar con las acciones legales y llegar a juicio.
Hoy, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que al vencerse el plazo para la formulación de la acusación por parte del agente del ministerio público (misma que no ha presentado) queda en manos del Fiscal formular y corregir dicho proceder.
Lo preocupante en este tema es que si existen los elementos para formular una acusación y proteger a las víctimas. ¿Por qué las autoridades de Quintana Roo no actúan conforme a derecho y asumen la responsabilidad que se le ha conferido para proteger a la ciudadanía? ¿Qué ley rige en Quintana Roo? ¿Es normal este proceder en la Fiscalía? ¿Por qué se cuida más a delincuentes que a las víctimas que denuncian?